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Texto: Javier SanVicente

Fotografía de archivo: Martín Cálix

El sistema democrático hondureño se desmorona. Desde hace más de una década, el pueblo hondureño ha vivido un proceso progresivo de penetración de la corrupción y el crimen organizado en la institucionalidad pública, que ha afectado a todos los poderes del Estado.

Los escasos contrapesos con que contaba el sistema han ido cayendo uno tras otro hasta configurarse el actual estado de las cosas. El trabajo realizado por UFECIC/MACCIH es la última barrera que los corruptos deben franquear para lograr garantizar su total impunidad. En los próximos días se decidirá la permanencia en el país de la MACCIH y con ella la propia supervivencia de la UFECIC.

El actual régimen se cimienta en un esquema de concentración del poder en la figura presidencial, que no es posible entender sin examinar el proceso de degradación de la vida parlamentaria hondureña. En este contexto, se puede decir que en los últimos años se ha producido una fuerte cooptación de la vida parlamentaria por diferentes redes de corrupción, en la que los conflictos de intereses, la malversación de fondos públicos, el transfuguismo y la penetración del narcotráfico han marcado el devenir del Congreso Nacional.

En los últimos años, se cuentan por decenas los diputados vinculados con actos de corrupción. Según declaraciones de Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, en 2018 existía en Honduras una red de diputados corruptos que podría haber alcanzado a 140 miembros del Congreso Nacional (el total de miembros del congreso son 128 titulares y 128 suplentes). Esto supondría hablar de la mayor parte de los miembros del Congreso. Por otra parte, la penetración del crimen organizado en el Congreso Nacional es también evidente. La condena del exdiputado Tony Hernández, el pasado octubre en Nueva York, reveló los vínculos de numerosos miembros del Congreso con el narcotráfico. Esta investigación ha identificado que solo en las filas del gobernante Partido Nacional y entre miembros actuales del Congreso Nacional hay 11 diputados relacionados con el crimen organizado. Entre ellos destacan prominentes operadores políticos del partido como el propio Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, David Chávez, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Oscar Ramon Nájera, Milton Puerto y Rodolfo Irias Navas.

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y la figura del Presidente del Congreso

Los graves obstáculos para una labor legislativa transparente y democrática comienzan con la deficiente regulación del propio Congreso. Fue hasta el 2014 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ley que se caracteriza por sus múltiples lagunas y deficiencias. Esta ley dota al Presidente del Congreso de una serie de facultades que impiden el desarrollo democrático de la actividad legislativa. Entre otras cosas el Presidente del Congreso decide el orden del día de todas las sesiones parlamentarias.

Según Fátima Mena, excongresista del Partido Anticorrupción «esto supone que cualquier proyecto de ley o contrato presentado al Congreso solo será discutido y votado si el presidente así lo decide», de esta forma, un solo diputado cuenta con una capacidad total para bloquear iniciativas políticas. El presidente también tiene la potestad de nombrar a los miembros de las comisiones del Congreso, decidir sobre la asignación de fondos materiales y locales para el ejercicio de la labor parlamentaria, incluso puede decidir qué diputado suplente puede votar ante la ausencia de un titular. Según Gerardo Torres, miembro del Partido Libertad y Refundación, esta arbitrariedad coloca en una posición muy ventajosa al presidente del Congreso, ya que le otorga una herramienta de presión política antidemocrática que puede ser utilizada para condicionar el sentido del voto de los diputados.

La importancia política de la figura del presidente del Congreso fue evidenciada en el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández. En este proceso judicial, el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón, admitió haber sobornado en 2010, y por encargo de Juan Orlando Hernández, a 3 diputados de Copán para que votaran a favor de la candidatura del actual presidente de la república a la presidencia del Congreso. De esta forma y en una fecha tan cercana al golpe de Estado de 2009, se daba lanzamiento a un proceso de degradación de la vida parlamentaria en el que de forma progresiva se fue fortaleciendo el control autoritario y antidemocrático del Poder Legislativo.

 

«Pacto de Gobernabilidad»

Durante la legislatura de 2010-2014 se fueron poniendo los cimientos para un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio hegemónico del poder por parte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. Uno de los pasos fundamentales para afianzar este nuevo orden fue el establecimiento de un «pacto de gobernabilidad» entre las bancadas nacionalista y liberal. Dicho pacto, se produjo a inicios de 2014 y fue escenificado a través del nombramiento de Mauricio Oliva como presidente del Congreso.

Según el excandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya, este nombramiento se produjo «en contra de lo acordado el 18 de enero de 2014, en una reunión de alcaldes liberales en el Lago de Yojoa, en el que participaron miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el excandidato presidencial Mauricio Villeda». En esa reunión se decidió que el Partido Liberal propondría un candidato para presidir el Congreso Nacional, que contaría con el apoyo de los partidos emergentes LIBRE y PAC, con los que sumaban mayoría. Sin embargo y según Luis Zelaya, «el expresidente Carlos Flores Facussé intervino en un momento posterior para evitar el nombramiento de un liberal como presidente del Congreso». Finalmente, el 25 de enero de 2014 Mauricio Oliva fue nombrado en el cargo con los votos de la bancada liberal.

Las razones que llevaron al Partido Liberal a declinar la presidencia del Congreso son desconocidas. Lo que sí sabemos hoy es que, por esas fechas, destacados miembros del Partido Liberal recibieron fondos públicos del gobierno nacionalista en el marco del Caso Pandora. Según la investigación presentada por MACCIH/UFECIC, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió 100 millones de lempiras de fondos sustraídos a la Secretaría de Agricultura para financiar su campaña electoral de 2013. Además, también se acusó de haber recibido fondos a destacados líderes del partido como Elvin Santos o el entonces candidato presidencial Mauricio Villeda. De manera reciente se ha conocido que el diputado liberal Fredy Nájera (preso en Estados Unidos por narcotráfico) afirmó en una conversación telefónica interceptada por la DEA que Mauricio Oliva entregó 60 millones de lempiras a diputados liberales para que votaran por él como nuevo presidente del Congreso Nacional.

 

La Diarrea Legislativa

Una vez que el Congreso quedó bajo el control del oficialismo, la degradación de la vida parlamentaria fue en aumento. Días después del nombramiento de Oliva, en enero de 2014 el bipartidismo aprobó en el Congreso Nacional 80 decretos y 20 leyes. Con esta acción inaudita, el Congreso Nacional superó toda la producción legislativa de los años 2012 y 2013 en cuestión de días, aprobando una serie de medidas que sin duda no fueron discutidas y probablemente ni siquiera votadas en el hemiciclo.

Esta monumental ilegalidad, conocida popularmente como la «diarrea legislativa», sobre la cual varios diputados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, denominándola como el «robo parlamentario del siglo», fue clave para introducir un nuevo patrón en la vida parlamentaria, basado en la falta de transparencia, los conflictos de intereses y el tráfico de favores entre miembros del Congreso.

Entre las normas aprobadas se incluye la conocida Ley de Secretos, que en adelante cerraría los principales mecanismos ciudadanos para exigir cuentas al estado. Además, se aprobó una nueva Ley de la ENEE, a la que se endosó la aprobación de decenas de licencias de explotación de recursos naturales que vinieron a agravar la agónica situación que atravesaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entre las empresas beneficiadas destaca la sociedad «Inversiones La Aurora», mencionada en 50 ocasiones en el decreto de aprobación de la Ley de la ENEE. Esta empresa está controlada por la actual vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora Lopez (su esposo es el representante legal), con lo cual se patenta la ilegalidad de la actuación del Congreso ya que los diputados no pueden ser contratistas del Estado.

 
La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en 2016

En los años siguientes continuaron sucediéndose los escándalos en el Congreso Nacional. El más sonado de todos fue el proceso de nombramiento de nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a inicios de 2016. En aquel proceso, el oficialismo presentó una propuesta de 15 magistrados, pactados entre nacionalistas y liberales, que eligieron a 8 y 7 magistrados respectivamente. Esta propuesta fue votada el 26 de enero, sin alcanzar el mínimo de votos favorables para su aprobación. En un sistema democrático lo lógico hubiese sido la apertura de un proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas para alcanzar un consenso. No fue el caso.

En las siguientes semanas la misma nómina de candidatos fue presentada en sucesivas ocasiones hasta que se logró su aprobación. En el proceso, 8 diputados de LIBRE y 4 del PAC acabaron cambiando el sentido de su voto y terminaron apoyando la nómina propuesta, desobedeciendo las instrucciones de la dirección de ambos partidos, y generando una fuerte crisis interna en ambas instituciones políticas. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández lograba su principal objetivo de la legislatura: nombrar una Corte Suprema a su medida, que diese vía libre a su reelección en 2017.

Para lograr los votos necesarios, desde la presidencia del Congreso se aprovecharon las lagunas existentes en la Ley de la Corte Suprema de Justicia. Así, se reglamentó que el voto de los diputados iba a ser secreto, con el objetivo de impedir que se conociera la identidad de los diputados que votarían en contra de la disciplina de partido. Sin embargo, la llamada a realizar un voto público por parte de las autoridades de LIBRE y PAC permitió identificar a los diputados que cambiaron su parecer y acabaron votando por los candidatos propuestos por el Partido Nacional.

Según Gerardo Torres, en este proceso «se fue ofreciendo a los diputados de LIBRE, cada vez más dinero por cambiar su voto. En los primeros días pagaron 5 millones a cada diputado, pero a los últimos en cambiar su voto les pagaron 20 millones de lempiras». Torres afirma que LIBRE tiene pruebas de estos hechos y que en su momento el partido presentó una denuncia en el Ministerio Público que a la fecha sigue engavetada. En el caso del PAC, la crisis desatada tras esta votación tuvo consecuencias mucho más graves, pues acabó provocando que el partido se dividiera y terminara en manos de un sector disidente encabezado por Marlene Alvarenga. Esta líder arrebató el control del partido a Salvador Nasralla a través de un polémico proceso de primarias en el que solo participó ella, y que fue avalado por la justicia electoral oficialista. Según Fátima Mena, el Partido Nacional logró el voto disidente de 4 diputados de su partido a través de acciones de chantaje, como por ejemplo, en el caso de la entonces diputada Marlene Alvarenga, que fue chantajeada por ser esposa de un expolicía depurado con vínculos con el cartel de los Cachiros.

En otros casos como el de Ana Joselina Fortín, su voto podría haber ido acompañado de promesas de participación política que posteriormente se verían materializadas en su candidatura (infructuosa) a una diputación por el Partido Nacional en las elecciones de 2017.

En la actualidad, y gracias a la presentación de los casos «Red de diputados» y «Arca abierta» por MACCIH/UFECIC, sabemos que en los meses anteriores al nombramiento de la Corte Suprema en 2016, diputados oficialistas y opositores tuvieron acceso a fondos públicos aprobados desde la presidencia de la república. Dichos fondos provenían al menos de dos fuentes: el Fondo de Desarrollo Departamental y la Institución 449.

Según Fátima Mena, en aquel contexto «el Fondo de Desarrollo Departamental fue utilizado como uno de los mecanismos de compra de votos de diputados de la oposición». Gracias al caso «Arca abierta» hoy sabemos que fondos originados en la Institución 449 fueron entregados a varios diputados del Partido Nacional, Unificación Democrática y LIBRE con la aprobación del presidente de la república Juan Orlando Hernández, presuntamente estos diputados se apropiaron de los recursos públicos.

La Institución 449 es un fondo manejado por la presidencia de la república con escasa supervisión y como se puede comprobar, con un alto potencial para ser utilizado como moneda de cambio para favores políticos. Creado en 2002, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, su presupuesto pasó de 200 millones de lempiras en 2014 a 11,450 millones de lempiras en 2018. Según diversas investigaciones, existe todo un entramado de ONG´s dirigidas por diputados, que son utilizadas para sustraer fondos públicos provenientes del Estado. La entrega de fondos a estas organizaciones ha puesto en la mira de MACCIH/UFECIC a diputados de todos los partidos, incluyendo al propio Mauricio Oliva. 

El panorama dentro del Congreso Nacional es desalentador. El marcado aumento del transfuguismo, las sospechas generalizadas de compra de votos de congresistas, los conflictos de intereses manifiestos de los miembros del congreso y el tráfico de influencias denotan un escenario en el que un gran número de miembros del Poder Legislativo no representan opciones políticas genuinas independientemente del partido al que representen, sino intereses particulares. En este contexto, existe una estrategia permanente desde hace más de 4 años para garantizar la impunidad por los actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Legislativo. 

Abundan las acciones en el marco de esta estrategia, como la aprobación de la inmunidad parlamentaria y la reactivación del fondo de desarrollo departamental el pasado octubre. Ambos decretos van dirigidos a sostener un sistema que facilita el intercambio de favores, el conflicto de intereses y la impunidad en el Congreso Nacional. Y no constituyen un hecho aislado, ya que son la continuación de los esfuerzos de un amplio sector de diputados por enriquecerse y blindarse frente a acciones penales por delitos que hayan podido cometer.

Entre los antecedentes a esta acción se puede mencionar la publicación de un texto adulterado de la Ley de Presupuesto de 2017, que permitió la liberación de los acusados en el caso «Red de diputados», la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la MACCIH y la aprobación de un nuevo código penal con penas reducidas para los delitos de corrupción. En los últimos días, las bancadas del Partido Nacional han aprobado una reforma a la Ley de Tribunal Superior Cuentas, que no es más que el enésimo intento de bloquear todas las investigaciones de corrupción en curso.

 En este contexto, el trabajo de MACCIH/UFECIC ha sido fundamental para revelar la existencia de la dinámica descrita en esta investigación. Es evidente que, co mo consecuencia de su labor, existe una fuerte presión desde el Legislativo para no renovar el mandato de la MACCIH, que podría abandonar el país en enero de 2020. En los próximos días el ejecutivo de Juan Orlando Hernández decidirá si renueva la misión, la transforma en otra cosa o la cierra. La presión ciudadana y de la comunidad internacional al respecto será clave para lograr su mantenimiento.

 

Tomado de Contra Corriente