Tegucigalpa.-La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, indagó esta semana sobre la aplicación de la Ley Magnitsky en el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), así como el avance en la elaboración de una lista de corruptos que el Departamento de Estado tiene a su cargo y que se había anunciado sería presentada en los primeros meses del año.

“Esta semana, pregunté @USTreasury por aplicar las sanciones de la ley Magnitsky a la @StateDept lista de funcionarios corruptos en el triángulo del norte. Esperamos trabajar juntos para garantizar la rendición de cuentas”, escribió este miércoles Torres en su cuenta de Twitter.

La publicación está acompañada de un video en el que se observa a Sigal P. Mandelker, subsecretaria de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, respondiendo preguntas de la congresista.

Torres le pregunta acerca de las sanciones aplicadas con la Ley Magnitsky a una persona del Triángulo Norte y a dos en toda Centroamérica. Mandelker le responde que existen otros mecanismos con los cuales se puede sancionar a personas que han violado derechos humanos o se han visto involucrados en actos de corrupción.

Por último, la congresista hace mención de la lista solicitada al Departamento de Estado, de los atrasos que ha sufrido por el cierre del gobierno que duró varias semanas y si el Departamento del Tesoro estaría dispuesto a aplicar sanciones sobre los perfiles que sean consignados en el listado, a lo que Mandelker respondió positivamente.

¿Qué es la Ley Magnitsky?

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.

Con esta medida, Estados Unidos puede revocar la visa a los individuos sancionados e impedir que viajen a ese territorio.

A los individuos sujetos a esta ley también se les pueden congelar sus bienes, mientras que a personas individuales y empresas estadounidenses se les prohíbe, en general, efectuar transacciones con los señalados.

Torres es la presidenta de la Comisión Especial del Congreso Hispano para el Caucus y la Fuerza de América Latina. El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó H.Res 145, resolución de Torres que reafirma el apoyo del Congreso para la lucha contra la corrupción en América Central.

En Honduras, el presidente Juan Hernández aceptó, durante su primer mandato (2014-2018), que su partido había recibido fondos provenientes de supuestos actos de corrupción en el seguro social para financiar la campaña electoral que lo llevó al poder en el 2014.

La aceptación de Hernández provocó la indignación ciudadana que mediante las famosas marchas de las antorchas exigió su renuncia en el 2015 y la instalación de una comisión internacional contra la corrupción bajo el mandado de la ONU. El gobernante le dio un giro a la demanda y negoció el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tomado de Criterio.hn


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