Escrito por Claudia Mendoza. Parte 2/3 (Periodista y analista del CESPAD)

Fernando Suárez y Jacobo Regalado han trascendido como dos de los rostros principales del robo millonario en el “caso pandora”. Sin embargo, detrás de ambos hay más nombres e instituciones de Estado que Suárez asegura deben investigarse,  incluyendo entre estos al expresidente Porfirio Lobo Sosa, al actual presidente Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández (primera Dama de Honduras), ex titulares de las Secretarías de Finanzas y diputados, particularmente del partido Nacional.

Creadas y registradas las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, los pasos siguientes para sustraer millonarias cantidades de dinero del erario fue muy fácil. Suárez (quien fungió como apoderado legal de ambas, mientras estuvieron vigentes), tenía una relación de amistad sólida con Regalado, quien era titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la entidad estatal que sirvió de trampolín en esta trama de corrupción. De hecho, cuando Suárez contrajo matrimonio, el 20 de noviembre del 2010, el secretario de la SAG y su esposa fueron los padrinos de la boda. Eran buenos amigos pero también socios en la creación de la empresa Mercantil “Lempira Puros” S.A.

Esa relación de amistad y el contexto que se había creado para ese entonces, abonaron para sustraer dinero a través de 7 convenios y un addendum entre esa secretaría y las fundaciones Dibattistas y Todos Somos Honduras, que benefició a los suscriptores de los acuerdos, pero también a muchos funcionarios públicos, partidos políticos y personas naturales y jurídicas.

Las transacciones se planificaron y ejecutaron apenas entre el 2010 y el 2014. Con ellas se robaron 282 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares de los fondos públicos.

Pero, ¿cómo ocurrió la danza de millones y quiénes más estuvieron implicados en la trama? Un repaso, tanto a las declaraciones de Suárez y de su apoderado legal Omar Menjívar, como a los datos en poder del Ministerio Público, nos aclaran el panorama.

Las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, operaron mientras el presidente de Honduras era Porfirio Lobo Sosa y el presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández. Por eso y por los detalles que develó, Suárez insiste, al igual su apoderado legal, Omar Menjívar, en que ambos personajes deberían estar siendo investigados por el Ministerio Público y en el mejor de los casos, pagar por sus culpas, pues ellos, al igual que la difunta hermana del presidente actual, Hilda Hernández, habrían sido los cerebros de una red de corrupción que apenas asoma con el caso “La caja de Pandora”.

Pepe Lobo y los acuerdos ejecutivos de “la caja de pandora”

Con un apretón de manos y con Hilda Hernández como testigo, Suárez dice que conoció a Porfirio Lobo Sosa. “Presidente él es quien va a manejar las fundaciones para la Secretaría de Agricultura”, se dijo en aquella reunión. Con la bendición y el pleno conocimiento de Lobo Sosa se comenzó a darle a todo, la “fachada” de la legalidad requerida. Hubo necesidad de hacer ampliaciones o reasignaciones al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para trasladar más fondos a los proyectos que ejecutaría Dibattista y Todos Somos Honduras.

Para lograr ese objetivo el expresidente Lobo Sosa, afirma Suárez, emitía acuerdos presidenciales en Consejo de Ministros que posteriormente se publicaban en la Gaceta. Esas ampliaciones eran parte de los convenios, respaldados por Oficios emitidos por el Secretario de Agricultura y Ganadería, ente que posteriormente recibía la transferencia desde la Secretaría de Finanzas.   

Suárez le confío a su abogado que aunque la decisión se adoptaba en Consejo de Ministros, “todo estaba previamente cuadrado”. Todos fueron formalismos para dejar constancia escrita de los hechos y que estos pareciesen legales. “Entonces, el presidente por supuesto tuvo una participación decisiva,pero sobre todo el conocimiento de que eso era para esos fines, porque era la estrategia del partido y todo se compromete con el partido”, afirma Menjívar.

En términos precisos, Suárez y su apoderado legal dicen que uno de los “autores intelectuales” de este millonario robo es Porfirio Lobo Sosa, a quien se menciona en el requerimiento fiscal del Ministerio Público en tres hechos. El primero, acontecido el 18 de septiembre del 2013, cuando aprueba la creación de la estructura, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, a través del acuerdo ejecutivo 487-2013, mediante decreto legislativo número 223-2012.

Ese acuerdo generó una modificación presupuestaria de un poco más de 53 millones de lempiras. El objetivo de la modificación fue aumentar el presupuesto de la SAG, mediante el traslado de fondos de las partidas Presupuestarias del Fondo hondureño de inversión social y el despacho presidencial, según el requerimiento fiscal del Ministerio Público.

El segundo hecho se registra el 3 de octubre del 2013, cuando Jacobo Regalado Weizemblut solicitó, mediante nota SAG 515-2013, a Wilfredo Rafael Cerrato, titular de la Secretaría de Finanzas,  una ampliación presupuestaria por 16, 274, 000. 00 lempiras, para suscribir un convenio con la fundación Todos Somos Honduras y promover el proyecto “Escuela de Campo para agricultores” en los municipios más pobres de Olancho. En el requerimiento fiscal se establece que esa gestión se hacía “siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República”. Pero se aclara que “no se contó con evidencia que permitiera confirmar esa afirmación”. 

Sin embargo, apenas un mes después de aprobado el primer acuerdo, el 30 de octubre del 2013, Lobo Sosa aprueba la creación de otro acuerdo ejecutivo, el 0601-2013, repitiendo el objetivo del anterior: “crear la estructura presupuestaria en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, ejercicio fiscal 2013”. Con estas acción se destinaron 50 millones más para la ejecución delos proyectos; esta acción quedó consignada en el decreto legislativo número 223-2012.

A la “velocidad de un rayo” finanzas aprobaba fondos

De acuerdo con las denuncias que ha estado gritando a los cuatro vientos Fernando Suárez, a través de su abogado defensor, el Ministerio Público no solo debió haber incluido en su investigación al Secretario de Finanzas Wiliam Chong Won. Las acciones deben estar también encaminadas a incluir también a Wilfredo Cerrato, quien fue titular de la SEFIN durante el periodo en el que ocurrieron estos hechos, en los que, como ya se dijo, tuvo participación esa secretaría de Estado. Sin embargo, a Cerrato,  actual Director del Banco Central de Honduras, no se le implica en nada.

Un ejemplo de su vinculación con el caso, señala Menjívar, reforzado por el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público, acontece el 3 de octubre del 2013, cuando Jacobo Regalado solicitó mediante nota SAG 515-2013, a Wilfredo Rafael Cerrato, una ampliación presupuestaria por 16, 274, 000.00 de lempiras, para suscribir un convenio con la fundación Todos Somos Honduras para promover el proyecto “Escuela de Campo para agricultores” en los municipios más pobres de Olancho.

Al igual que con las ampliaciones presupuestarias aprobadas por William Chong Wong, las que aprobó Cerrato también se hicieron sin ningún trámite, análisis y mucho menos participación de las unidades involucradas para dicha aprobación. “El Secretario de Finanzas Wilfredo Cerrato también hizo desembolsos, Wilfredo Cerrato hijo. Yo no he entendido porqué está acusado o fue acusado solo William Chong Wong y no los demás que hicieron exactamente lo mismo que hizo William Chong Wong”, agrega con asombro, Menjívar.

Hilda Hernández: “sin su autorización no se movía ni un peso”

Con la expresión “sin su autorización no se movía ni un peso”, comenzó Menjívar narrando el poderío (descrito por su defendido) que tenía en la red, la hermana del presidente, Hilda Hernández.

En términos coloquiales, ella era quien impartía las instrucciones, quien con facilidad decía: “Fernando, necesito que le haga la transferencia a fulano de tal. Fernando hacía la transferencia, aunque en ocasiones el dinero se entregaba en efectivo a quien ella indicaba. Fernando, necesito 200 mil dólares; entre a una subasta que va a haber hoy porque necesito esos dólares”, afirma Suárez a través de su abogado defensor.

La comunicación y conversaciones que se daban entre Hilda Hernández y Suárez se hicieron vía llamadas telefónicas o vía WhatsApp. Suárez guardó copia de muchos de esos registros (memorias/USBs) que, incluso, ya están en manos del Ministerio Público de Honduras.

Suárez afirma que hay mucho más que Todos Somos Honduras y Dibattista, pues se trata de centenares de estructuras inscritas como ONGs y fundaciones que muchos políticos utilizan para sacar dinero para enriquecerse personalmente, apoyarse en sus campañas proselitistas y apoyar al máximo representante de su partido.

Las “triquiñuelas” de las y los congresistas de Honduras

Menjívar dice que Suárez le confió que entregaba a Hernández las solicitudes de las y los diputados. Era un listado como de 15 propietarios y 5 suplentes, el que conoció su defendido. Había un formato de petición de dinero que los congresistas llenaban con su nombre, el proyecto o programa que se suponía iban a financiar; lo firmaban y se enviaba Hilda Hernández, quien lo recibía a través de su asistente Carol Alvarado. Esas mismas solicitudes de fondos se hacían para todas las fundaciones, agrega. 

En términos numéricos, Menjívar lo ejemplifica así: “la Fundación lo que hacía era la petición por el monto total, 15 diputados por ejemplo pedían 600 mil lempiras cada uno y los suplentes 300 mil. Entonces, pedían los 600 mil y su usted multiplica 600 mil por 15 diputados, son 9 millones. La fundación hacía la solicitud por 9 millones que luego se repartían”.

Las denuncias de Suárez hechas al Ministerio Público sobre la manera en cómo operan los diputados para sacar dinero a través de las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, cobran peso con la recién develación del nuevo caso de corrupción y malversación de fondos, llamado por la MACCIH, “Línea B, Asociación Planeta Verde”.

La MACCIH, mediante su unidad fiscal (UFECIC-MP/MACCIH-OEA),develó los nombres de un grupo de 21 diputados y ex congresistas hondureños que, a través de la Asociación Planeta Verde, una ONG creada en 2014 con el objetivo de “satisfacer las necesidades espirituales, físicas, emocionales y educativas de los niños y niñas de Honduras de escasos recursos a través de programas especiales”, habría drenado unos 21 millones de lempiras.

La Asociación Planeta Verde habría recibido unos 21 millones de lempiras, con procedencia de los siguientes entes estatales: 2 millones de Casa Presidencial, 3 millones del Congreso Nacional y 16.1 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas.

El modus operandi de esta ONG es el mismo que Suárez ha denunciado con las dos fundaciones de las que fue apoderado legal: fondos depositados a la asociación, ONG o fundación, que posteriormente son desviados a la cuenta delos implicados, a cuentas de familiares y a terceros.

Tony Hernández también recibía dinero de “Pandora”

Si hay una cosa que Hilda Hernández hizo muy bien, es cuidar de no vincular su nombre con la sustracción de dinero, en documento alguno. También tuvo mucho cuidado de no relacionar a sus dos hermanos: Juan Orlando Hernández y Juan Antonio (Tony) Hernández.  

En la declaración testifical que Suárez hizo ante el Ministerio Público, narró que Hilda Hernández le ordenaba sacar y darle dinero a su hermano Tony, incluso en efectivo. “Con el fondo departamental no tenía problema en recibirlo como cheque, pero con los otros ingresos era de los más favorecidos. Normalmente se hacían a nombre de un asistente de Fernando, Jorge Izaguirre. Él lo cambiaba y lo iba a dejar el efectivo a Tony Hernández. Es que la familia Hernández era de las más beneficiadas, Hilda no digamos”, dice Menjívar.

Este abogado afirma que Suárez guarda también los documentos que comprueban las artimañas que la difunta hermana del presidente de Honduras hacía para favorecerse ella y su descendencia directa.

La transacción que se hacía la triangulaban con otras personas; no aparecía ella con el nombre. “Se compró un terreno en Comayagua. El intermediario es el diputado Miguel EdgardoMartínez; el terreno se valora en 1 millón 800 mil, algo así, pero de ese valor 500 mil fueron para el diputado Miguel Edgardo Martínez por haber sido el intermediario. Se queda con 500 mil lempiras, hay una tercera persona que presta su nombre para que el terreno aparezca a su nombre y hay un vendedor que sí es el dueño, es el propietario, y que no tiene porqué imaginar que está haciendo una transacción que es para una tercera persona,  porque quienes se presentan ante él es el supuesto comprador, quien solo está prestando su nombre. A esta persona se le dieron 250 mil lempiras por aparecer en la escritura, pero el terreno es de Hilda Hernández y lo dedicó para cultivar camotes”, afirma.

El esposo de Hilda Hernández y su cuñada, Ana Carías de Hernández, esposa a la vez de Juan Orlando Hernández, también aparecen mencionados en el requerimiento fiscal que presentó el Ministerio Público, por el caso Pandora. De acuerdo con su contenido, de los recursos que fueron trasladados a las cuentas de la Fundación Todos Somos Honduras, dos cheques se habrían destinado a la organización ASEDIS, DE R.L., en la que aparecen como socios principales Carías de Hernández, Zoila Patricia Cruz Cerrato y Jean Francois Marie de Peyrecave, quien fue el esposo de Hilda. Ambos cheques se emitieron, uno por un monto de 685 mil lempiras y el otro por 825 mil.

Desde el Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández moldeó su propio destino

Aunque ya se mencionó que para ese entonces el presidente de Honduras era Porfirio Lobo Sosa, en el manejo de estas corruptas transacciones el mandatario fue cediendo espacio a Hernández, quien en el Congreso Nacional tenía el “andamiaje” perfecto para hacer las solicitudes de dinero que se entregaría desde la Secretaria de Finanzas a las Fundaciones en cuestión.

Las Comisiones de Presupuesto 1 y 2 (2010-2014) del Congreso Nacional habrían tenido un papel importante en esta red, denuncia el abogado de Suárez, pues Héctor (Tito) Guillen y Francisco Rivera, titulares de esas comisiones, firmaban solicitudes de asignación de presupuesto que posteriormente dirigían a la Secretaría de Finanzas.

Los documentos que confirman las transacciones que se hicieron a través del Congreso Nacional están en poder del Ministerio Público. Listas de cheques que habrían sido depositados a empresas de diversos rubros, personas particulares y a diputados del Congreso Nacional, particularmente nacionalistas, que habrían prestado sus nombres y sus cuentas bancarias personales para sacar dinero y  ayudar a la campaña del entonces candidato a presidente, el  abogado Hernández. Algunos pagos también se hicieron al Partido Liberal de Honduras.

Sobre este particular, hay más información que estaremos compartiendo en una tercera entrega, pues esta trama, aparte de beneficiar a políticos, funcionarios públicos, a sus familias y personas particulares, fue el trampolín para la campaña política de Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto, Suárez dice que guarda y entregó copia de los documentos que confirman al Ministerio Público de Honduras los hechos aquí narrados, por esa razón, no encuentra explicación del por qué la investigación no abarca a los personajes aquí citados, a menos que sean la sorpresa de las próximas semanas o meses. 

Tomado de CESPAD