(Tomado de criterio.hn) Tegucigalpa.-El diputado del Partido Nacional, Marco Velásquez, presentó anoche un proyecto de ley orientado a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal que permita la sustitución de la prisión preventiva.

La reforma ha sido impulsada en las últimas semanas por parte de varios imputados en delitos de corrupción que alegan que la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal violenta la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

El proyecto de decreto del diputado Velásquez pide: “reformar al artículo 184 del Código Procesal Penal contenido en el decreto número 99-9-E del 19 de diciembre de 1999 y sus reformas, el cual se deberá leer así: Sustitución de la prevención preventiva siempre que los riesgos a que se refiere el artículo 178 puedan ser evitados por la aplicación de otra medida menos gravosa para su libertad. El juez de oficio o a petición de parte, podría imponer al imputado, en lugar de la prisión preventiva, una o más de las medidas comprendidas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 173”.

“Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el juez tomando en cuenta la gravedad de la posible pena a imponer podrá, además, imponer la utilización de cualquier medio, sistema de vigilancia electrónica personal, es decir el grillete electrónico. Las medidas podrían ser impuestas de manera simultánea o sucesiva. El juez velará por el estricto cumplimiento de la medida impuesta para lo cual deberá contar con el apoyo de la Policía Nacional”.

“Las medidas de la prisión preventiva no podrán imponerse sin existe grave riesgo de que se logre la finalidad perseguida o en caso de reincidencia. En los casos en que el imputado no tenga capacidad para rendir una caución de naturaleza económica podrá decretarse caución juratoria, la cual consistirá en prestar juramento, de someterse al procedimiento. La caución juratoria deberá decretarse conjuntamente con la medida a que se refiere el numeral 6 y el artículo 173 y cualquier otra que el juez considere conveniente”.

El proyectista explicó que antes de someter la reforma al pleno del Congreso Nacional se buscará la opinión de varias instituciones y organizaciones, entre las que citó a la Corte Suprema de Justicia, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Asociación de Jueces y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Velásquez manifestó que lo se busca es evitar que se le violenten los derechos humanos a las personas que enfrenten un proceso judicial y que se les respete la presunción de inocencia.

Por su parte el diputado del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) Yahvé Sabillón, arguyó que el interés de la reforma viene del Partido Nacional, pese a que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció  y estableció que el artículo no es violatorio a los derechos humanos.

“Ahora como están afectados muchos de los compañeros de ellos (Partido Nacional) de aquí en el Congreso Nacional, hoy sí dicen que es violatorio de los derechos humanos”, manifestó Sabillón, al tiempo que consideró que con todo lo que ha estado ocurriendo en el país, y “con todos los actos de corrupción señalados”, no es un buen momento para que se debata sobre el asunto.

El artículo 184 del Código Procesal Penal fue reformado en el año 2012 por el Congreso Nacional. En aquel entonces este Poder del Estado era presidido por el jefe del Poder Ejecutivo, Juan Hernández, quien junto a los parlamentarios del Partido Nacional, consideró que se debería aplicar la presión preventiva en los delitos de lavado de activos. La reforma se impulsó con la intención de ser aplicada a los narcotraficantes e involucrados en el crimen organizado.

La diputado Doris Gutiérrez, del también opositor Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), indicó que si es reforma lo que se está pidiendo, hará un análisis exhaustivo sobre el tema. Pero si lo que se busca es la derogación, “vamos a oponernos, porque esto favorecería a los que comenten delitos de corrupción y malversación de los fondos públicos”, dijo.

Añadió que si el sector oficialista alude que se debe respetar las convenciones sobre los derechos humanos, entonces, “nosotros decimos que también se deben respetar las convenciones contra todas las formas de corrupción, que establecen que este tipo de delitos, hasta con extradición pueden ser penados”.

Gutiérrez, recordó, además, que sobre el tema la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció al decir que el artículo 184 del Código Procesal Penal, no es inconstitucional.

Entre tanto el congresista del Partido Liberal, Víctor Sabillón, dijo que la bancada analizará el proyecto de decreto para determinar la postura que se asumirá.