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En entrevista con Radio Progreso, el excomisionado de Policía Nacional, Aldo Oliva se refirió a varios temas sobre la Policía Nacional, desde la vinculación en el juicio contra Tony Hernández. El vínculo de autoridades policiales en el crimen organizado, hasta el papel de la Comisión Depuradora de la Policía en la separación de uniformados.

 

Desde el pasado 2 de octubre se celebra en Nueva York un juicio en el que se acusa a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, de los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, y perjurio. En el juicio también están involucrados como co-conspiradores Juan Orlando Hernández – JOH (actual presidente), Porfirio Lobo (ex Presidente de Honduras 2010-14), Roberto Ordoñez (actual Ministro de Energía), varios policías de alta graduación y un grupo de narcotraficantes. Durante el juicio varios narcotraficantes han dado su testimonio sobre el caso, confirmando un clamoroso rumor que ha recorrido Honduras los últimos 10 años: que, tras el golpe de Estado de 2009, el narcotráfico capturó la institucionalidad hondureña.

Y es que de lo escuchando en este juicio se desprende que Tony Hernández era uno de los cabecillas de una violenta organización criminal, que tuvo a su servicio al Estado hondureño. Según un testigo del caso, el narco guatemalteco Josué Chang Monroy, Tony era “el tipo de persona que mandaba a matar cualquiera que no le parecía”. El mismo narco declaró que Tony era el criminal más peligroso que conoció en su vida, ya que ningún otro narco era hermano de un Presidente en activo, ni contaba con toda una policía y ejército a su servicio. Pero fue esta misma sensación de impunidad la que llevo a Tony a su perdición. Según la Fiscalía su soberbia llegó a tal grado que en varias ocasiones selló los paquetes de cocaína que traficaba con sus propias iniciales: TH. Además, cometió muchos errores que le llevaron a realizar acciones contrarias a sus intereses. Según lo dicho en el juicio, el cartel de los Valle Valle trató en varias ocasiones de embaucar a Tony para obtener información sensible sobre su hermano Juan Orlando, que permitiese consumar un plan de magnicidio que habían urdido. Según el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, el complot para asesinar a Juan Orlando se originó en que el presidente había incumplido su acuerdo de protección con los Valle y no contestaba a sus llamadas.

Las pruebas que la Fiscalía ha presentado contra Tony son abundantes y evidencian la total impunidad con la que los acusados conducían sus negocios ilícitos.  Entre estas pruebas, destaca las confesiones de cuatro cabecillas del narcotráfico en la región, que afirmaron que Tony y sus co-conspiradores recibieron múltiples sobornos de diferentes narcos a cambio de dar protección a sus actividades criminales y en las que se detallan la participación del acusado en el tráfico de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos.  La Fiscalía también presentó como prueba una libreta que fue incautada a un narcotraficante hondureño, en la que se detallaban diversos sobornos en favor de Tony y su hermano Juan Orlando Hernández. Pero sin duda, las pruebas que mayor peso podrían tener contra el acusado son 2 grabaciones: un video del interrogatorio que un agente de la DEA realizó a Tony Hernández el mismo día de su detención en Miami, en el cual el mismo, Tony reconoce haber mantenido estrechas relaciones de amistad con los más importantes narcotraficantes de Honduras y conocer de sus actividades ilícitas; y otra  grabación realizada de manera oculta por el narco Devis Leonel Rivera Maradiaga, convertido en colaborador encubierto de la DEA, en la que negocia el pago de un soborno a Tony Hernández. 

Según la Fiscalía, los sobornos recibidos del narcotráfico por los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, habrían servido para financiar las campañas políticas de 2009, 2013 y 2017. Los narcos que entregaron estos sobornos han confesado haber cometido al menos 152 asesinatos, incluyendo a figuras clave de la lucha contra el narcotráfico como los zares antidrogas Alfredo Landaverde y Julián Arístides González, o el “fiscal de oro” Orlan Chávez. También han reconocido el asesinato de periodistas como Aníbal Barrow y Nahum Palacios, y han reconocido ser responsables incluso de muertes colaterales como la de una niña de 3 años. Todo ello mientras el gobierno protegía sus actividades y garantizaba su impunidad. Adicionalmente, el propio Tony Hernández está acusado de ordenar personalmente 2 asesinatos, uno de ellos ejecutado por un ex director de la policía. Más allá de esta cifra, las víctimas causadas por los grupos criminales involucrados en el caso probablemente alcancen decenas de miles solo en Honduras.

Las implicaciones del caso superan el territorio hondureño, ya que involucran a cárteles de México, Colombia y Venezuela. La fiscalía asegura que Juan Orlando Hernández recibió un millón de dólares del Chapo Guzmán (Cártel de Sinaloa) a través de su hermano Tony, a cambio de operar en Honduras. También se refieren a intercambios con la ex guerrilla de las FARC de Colombia, y a la venta ilegal por Tony Hernández a narcotraficantes de armas sustraídas de las Fuerzas Armadas de Honduras, que acabaron en poder de los cárteles mexicanos de Sinaloa y los Caballeros Templarios.

Así, el juicio en Nueva York está confrontando a la sociedad hondureña con un hecho que ya parece incuestionable: el sistema político hondureño, ya de por si frágil, sufrió un rápido proceso de degradación tras el golpe de Estado de 2009, que llevó a Honduras al actual narcoestado de las cosas. Y es que las revelaciones del juicio contra Tony Hernández podrían ser solo la punta del iceberg de todo un conglomerado de narcoactividad que tiene atrapada a la institucionalidad hondureña. Como datos relevantes, cabe señalar que 11 de los 59 diputados del gobernante Partido Nacional han sido señalados de mantener nexos con el narcotráfico. Dentro del actual gabinete de gobierno están acusados el actual presidente Juan Orlando Hernández, el Ministro de Energía Roberto Ordoñez, el Ministro de Seguridad Julián Pacheco (mencionado en tres juicios diferentes en Estados Unidos), el Viceministro de Minas Carlos Pineda Fasquelle, el Secretario de la Presidencia Ebal Díaz y la Directora de la Lucha contra el Narcotráfico Soraya Calix (prima de un sanguinario narcotraficante hondureño que se entregó a la DEA en 2019). También se mencionan políticos de los partidos opositores. En el Partido Liberal destacan figuras de la talla de los exdiputados Fredy Nájera o Midence Oquelí Turcios, quien supuestamente se encargaba de dar formación militar a los sicarios del narcotráfico. En el Partido Libertad y Refundación es paradigmático el caso del alcalde de Tocoa Adan Fúnez, vinculado en múltiples ocasiones al Cartel de los Cachiros, lo que no ha limitado que permanezca en el cargo hasta ahora.

Con el paso de los años, el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en 2009 va tomando un cariz todavía más siniestro. Esta asonada ya no será recordada simplemente como el primer golpe de Estado del Siglo XXI contra un gobierno progresista en América Latina. A la luz de las últimas revelaciones, deberá ser recordado como un narcogolpe que sumió a Honduras en una ola de violencia sin precedentes (en 2012 Honduras fue el país con la mayor tasa de homicidios del mundo). Tras él, los narcos se despedazaron unos a otros para controlar la lucrativa ruta de la cocaína. Durante estos años, el estado se convirtió en un arma fundamental para ganar esta guerra.

En la actualidad, el presidente Hernández se aferra al poder y niega todas las acusaciones, atribuyendo todo a una conspiración de delincuentes resentidos por la ejemplar labor de lucha contra el narcotráfico de su administración. A pesar de la abrumadora evidencia de su colusión con el crimen organizado, el presidente no está solo. Al menos hasta la fecha, le respalda de manera incondicional su partido. Los principales medios de comunicación del país hacen lo imposible por tapar el escándalo y destacados líderes religiosos del país realizan jornadas de oración por la inocencia de Tony Hernández. La situación es un reflejo de la permeación de la criminalidad en amplios sectores de la sociedad hondureña.

A favor de la continuidad del presidente también juega la hábil instrumentalización de la institucionalidad hondureña que ha llevado a cabo el mandatario. Y es que, desde su llegada al poder en 2014, Juan Orlando ha cooptado las instituciones clave para mantenerse en el poder, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, a pesar de ser percibido por la mayoría como un mandatario ilegitimo, existe un fuerte temor en Honduras a que se produzca un baño de sangre si se recrudecen las protestas contra el mandatario. El recuerdo de la cruenta represión de las protestas electorales de diciembre 2017 esta reciente en la psique colectiva. También lo están las diferentes protestas que se han producido desde entonces, y que tienen al país en un estado de crisis política económica y social permanente.

Para complicar más la situación, el actual narcoestado de las cosas en Honduras coincide con una situación atípica en el mundo: la presidencia de Donald Trump. Por lo visto hasta la fecha, parece ser que al Presidente de Estados Unidos no le interesa actuar contra Juan Orlando, al que considera un fiel aliado en la lucha contra la migración ilegal hacia Estados Unidos. Tras la firma de Juan Orlando para convertir a Honduras en un tercer país seguro al que Estados Unidos pueda deportar a solicitantes de asilo, y mientras el gobierno hondureño siga promoviendo leyes que criminalicen a los grupos que apoyan a los migrantes, Trump seguirá apoyando a Juan Orlando Hernández. El 16 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitía un comunicado en el que hacía público el restablecimiento de la cooperación militar con Honduras, suspendida meses atrás por los escasos resultados del país en la lucha contra la migración ilegal.

En resumen, la situación es extremadamente crítica en Honduras. Las acusaciones contra Tony Hernández y el actual gobierno son demasiado graves como para que puedan pasarse por alto. En las últimas horas se han observado movimientos de tropas inusuales y el gobierno ha dado de baja deshonrosa a varios coroneles. Las protestas pueden estallar en cualquier momento. Por otro lado, la comunidad internacional se mueve entre la defensa de intereses y la pasividad inmoral que caracteriza las relaciones diplomáticas. Las próximas semanas serán claves.

 

Tomado de Criterio.hn

Tegucigalpa. – Las bancadas de los partidos Liberal y Nacional y diputados “comodines” sellaron la noche de este miércoles un nuevo pacto de impunidad. Los diputados aprobaron el regreso a la inmunidad parlamentaria y se blindaron de acciones administrativas y penales derivadas de mal manejo de fondos públicos.

Por: Víctor Meza

Así se va el señor Luiz Guimarães Marrey, vocero oficial de la Misión de Apoyo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, un organismo creado por la Organización de Estados Americanos (OEA), financiado por la comunidad cooperante internacional, solicitado formalmente por el gobierno hondureño y, lo que es más importante, fruto inmaduro de las exigencias multitudinarias expresadas en las Marchas de las Antorchas de los meses de julio y agosto del año 2015.