Miles de lempiras han gastado las familias hondureñas con uno o más parientes contagiados con COVID-19, según revela la veeduría social “Impacto económico de la ausencia de infraestructura e insumos hospitalarios”.

El estudio en mención fue presentado ayer, con la participación de 48 veedores sociales voluntarios de las redes de jóvenes contra la corrupción.

De acuerdo con la investigación cualitativa, en Honduras, el gasto de bolsillo de los pacientes en hospitales públicos y privados, implica una violación al derecho a la salud.

También se ven vulnerados otros derechos humanos conexos, como el de la alimentación, vivienda, en casos en que el gasto haya destruido la economía familiar.

Una de las causas por la que muchos pacientes decidieron no buscar atención médica en centros de salud públicos, o tratarse de manera doméstica, fue la atención deficitaria, la ausencia de insumos y el hacinamiento.

Asimismo, existe una percepción de ineficacia en los tratamientos y la falta de cupos en el sistema sanitario público.

La mitad de las personas entrevistadas manifestaron que no acudieron al sistema de salud pública porque la falta de personal, insumos de bioseguridad y herramientas hospitalarias, crearon desconfianza, percibiendo que el sistema público no estaba listo para atender la emergencia.

La auditoría social, realizada a partir de testimonios de personas que tuvieron que enfrentar personalmente esta enfermedad o la muerte de un pariente, a raíz de las carencias de insumos en los centros públicos, evidencia que no existe la gratuidad de la atención de los servicios de salud.

Al igual que en el resto del país, en los hospitales públicos de la región centro, los gastos que los pacientes asumen por los costos mínimos de atención, son por lo menos de 6,000 lempiras.

Hay muchos que han asumido deudas por más de un millón de lempiras, según la gravedad del caso y la prolongación del tratamiento, sin incluir los gastos por movilización y estadía en el caso de las personas que viven en áreas rurales.

PRECIOS SE DISPARAN

La investigación advierte que la escasez de equipo e insumos para tratar la COVID-19 disparó en un 500 por ciento los precios de los mismos.

Los jóvenes documentaron cómo las sobrevaloraciones y compras irregulares para atender la emergencia han impactado directamente sobre los derechos humanos, específicamente, sobre el derecho a la salud y el derecho a la vida.

El estudio refleja un déficit en el acceso a los insumos para el tratamiento de la COVID-19, por insuficientes, mala calidad, o porque no estaban disponibles.

Las redes juveniles, a su vez, hicieron una revisión de las investigaciones que sobre ese tema han realizado el Consejo Nacional Anticorrupción, el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Previo a participar en la investigación, cada una de las redes juveniles contra la corrupción participó en el diplomado “Fortaleciendo la Participación Ciudadana y la Auditoría Social, con un Enfoque en Educación Popular”. Con este diplomado, las redes fortalecieron sus capacidades en auditoría social, como ejercicio de derecho y control social de la corrupción.

Este proceso ciudadano se desarrolló con apoyo del proyecto HondurACTion, ejecutado por las organizaciones Christian Aid (CA), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y el Centro de Desarrollo Humano (CDH), con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Mediante el proyecto HondurACTion, las instituciones ejecutoras y la Unión Europea, promueven actividades que incrementen la cantidad y calidad de la participación de niños/as y jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios y medios de comunicación en acciones de auditoría social y lucha anticorrupción. (DS).

Fuente: LaTribuna

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